Mientras diversos congresos estatales del país han impulsado iniciativas para regular contenidos en internet bajo el argumento de combatir la violencia digital y el ciberacoso, crece la preocupación entre periodistas, comunicadores y defensores de la libertad de expresión que advierten riesgos de censura disfrazada de regulación.
El caso más reciente que encendió la polémica fue Puebla, donde la denominada “Ley de Ciberacoso” generó críticas por parte de diversos sectores que consideraron que sus alcances podrían afectar el ejercicio de la libre expresión. Situaciones similares se han presentado en otras entidades del país, donde bajo distintos nombres se han promovido reformas que buscan ampliar las facultades de las autoridades sobre los contenidos difundidos en plataformas digitales.
En Tlaxcala, el antecedente más visible fue una propuesta impulsada por la diputada Lorena Ruiz, que en su momento despertó cuestionamientos de organizaciones civiles y actores del gremio periodístico al considerar que podía abrir la puerta a mecanismos de censura.
Ahora, nuevamente surgen alertas dentro del sector de la comunicación. De acuerdo con versiones que circulan entre periodistas y comunicadores, una nueva iniciativa relacionada con la regulación de contenidos digitales estaría siendo impulsada desde el Congreso del Estado y presuntamente tendría como principal promotor al diputado del Partido del Trabajo, Silvano Garay, hijo y suplente del ex diputado del mismo nombre.
Sin embargo, más allá del contenido de la propuesta, lo que ha generado inquietud es la falta de información pública sobre la misma.
Periodistas consultados señalan que más del 80 por ciento del gremio desconoce completamente los alcances de la iniciativa. Incluso afirman que únicamente un reducido grupo de informadores tendría conocimiento previo de la propuesta, mientras que la gran mayoría permanece excluida de cualquier proceso de consulta o análisis.
“Si realmente se tratara de una iniciativa en beneficio de la ciudadanía, del periodismo y de los derechos digitales, el debate sería abierto, público y convocaría a especialistas, académicos, comunicadores y organizaciones civiles. Cuando la información se mantiene entre unos cuantos, las dudas son inevitables”, expresan integrantes del gremio.
Ante este escenario, periodistas y comunicadores de distintas regiones del estado ya han comenzado a organizar mesas de trabajo, análisis y discusión para revisar los posibles alcances de la propuesta. De estos encuentros también han surgido posicionamientos de inconformidad que, según trascendió, serán entregados formalmente al Congreso del Estado de Tlaxcala en los próximos días.
La intención, señalan, es exigir transparencia, apertura al diálogo y la participación de quienes podrían verse directamente afectados por cualquier reforma relacionada con la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Y es que mientras existe interés por regular lo que se publica en internet, miles de anuncios de productos milagro continúan circulando libremente en redes sociales prometiendo bajar de peso, eliminar várices, recuperar el cabello, aclarar la piel, dientes, o incluso curar enfermedades sin sustento científico comprobable; por nombrar algunos cuantos.
La publicidad engañosa opera diariamente ante millones de usuarios y pocas veces se observan iniciativas legislativas con la misma urgencia para combatir estos abusos que afectan directamente el patrimonio y la salud de las personas.
A ello se suman otros temas que, para muchos ciudadanos, deberían ocupar la agenda legislativa rumbo a las elecciones de 2027: el nepotismo, el uso de recursos públicos para promover aspiraciones políticas, los actos anticipados de campaña, la posible infiltración del crimen organizado en procesos electorales y la revisión de mecanismos de selección de candidaturas.
Diversos analistas consideran que México atraviesa una crisis de representación política derivada en algunos casos, de postulaciones que privilegian acuerdos partidistas o cuotas por encima de la preparación, experiencia y capacidad de quienes buscan gobernar.
Por ello, dentro del gremio periodístico crece la preocupación de que las iniciativas para regular contenidos digitales puedan terminar convirtiéndose en herramientas para inhibir la crítica, limitar la investigación periodística y restringir la difusión de información incómoda para quienes ejercen el poder.
La inconformidad aumenta porque, hasta ahora, la discusión parece desarrollarse entre pocos mientras la mayoría de los periodistas desconoce el contenido real de la propuesta.
Si el objetivo fuera fortalecer derechos y proteger a la ciudadanía, sostienen comunicadores, el proceso sería abierto, transparente y ampliamente consultado.
La libertad de expresión no puede legislarse en la oscuridad. Y cuando una iniciativa se mantiene lejos del conocimiento de quienes podrían resultar afectados, las preguntas son inevitables.
¿Se busca proteger derechos o controlar la conversación pública rumbo a 2027?
Ahí está la preocupación. Ahí está la sospecha. Y para muchos, ahí podría estar también la trampa.
