Rogelio Lara|
México atraviesa una crisis de seguridad que ha sumido al país en un estado de desesperación y desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. La creciente ola de violencia, delincuencia e impunidad ha llevado a que ciudadanos, en un intento por salvaguardar su integridad y patrimonio, recurran a la justicia por propia mano.
Un ejemplo reciente es el caso de Carlota “N”, una mujer de la tercera edad en Chalco, Estado de México, quien disparó contra dos hombres que, según informes iniciales, presuntamente invadieron su propiedad. Sin embargo, familiares de las víctimas sostienen que contaban con un contrato de arrendamiento válido . Este incidente subraya la complejidad y desesperación que enfrentan los ciudadanos cuando las vías legales parecen insuficientes o ineficaces.
Otro caso alarmante ocurrió en Xochimilco, donde un adulto mayor defendió su papelería con un machete ante un intento de asalto . La valentía de este hombre refleja la vulnerabilidad de los pequeños comerciantes y la falta de protección efectiva por parte de las autoridades.
La percepción de inseguridad es palpable. Según una encuesta de Enkoll, el 53% de los mexicanos considera que la violencia y el narcotráfico son los problemas más graves del país . Además, informes indican que México presenta índices de impunidad superiores al 95%, debilitando la confianza en las instituciones judiciales.
La expansión de cárteles y las divisiones internas en grupos criminales han intensificado las guerras territoriales, contribuyendo al aumento de la violencia . Eventos como el homenaje público a “El Mencho”, durante un concierto en Guadalajara, evidencian la normalización y glorificación de la cultura delictiva .
Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿qué están haciendo las autoridades federales, estatales y municipales? La respuesta parece ser insuficiente. La falta de estrategias efectivas y la corrupción endémica han permitido que la delincuencia se fortalezca y que la ciudadanía pierda la fe en quienes deberían protegerla.
Es imperativo que el gobierno implemente políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, fortalezcan el estado de derecho y restauren la confianza pública. La sociedad mexicana no puede resignarse a vivir en un estado de miedo constante, donde la justicia por propia mano se convierte en la única opción percibida. Es hora de exigir rendición de cuentas y acciones concretas para devolver la paz y seguridad que tanto anhelamos.
