“Un precio de miseria de $4.25 el sorgo y $5.50 el maíz no nos deja ni para seguir trabajando, señor”, expresó con voz firme un campesino durante la manifestación en defensa del campo mexicano.
El hombre, de más de 70 años y con la experiencia de toda una vida en la tierra, lanzó un mensaje que refleja el sentir de miles de productores del país:
“No crea que estamos por gusto, o por capricho, o por molestar a la gente. Estamos por necesidad. Queremos seguir trabajando para tener un pueblo alimentado. Pero están comprando granos del extranjero para bajar el precio del nuestro, y eso no es justo.”
Los productores acusan al gobierno federal de abandonar al campo, mientras se privilegia la importación de granos que deprimen los precios nacionales.
“Dicen que hay que devolverle al pueblo lo que es del pueblo, pues es una gran mentira”, afirmó. “Lo dice alguien que conoce, un hombre que ha vivido y trabajado en el campo toda su vida. No tenemos seguro, no tenemos ninguna prestación. Estamos totalmente abandonados.”
El reclamo también alcanzó los precios del combustible y los apoyos sociales:
“Subieron $7 pesos al litro de diésel, dijeron que estaría en $20 y ahora anda en $27. Nosotros solo pedimos $2 pesos más por kilo de grano, y se les hace caro. Están como el asadón: puro para acá y nada para allá.”
Con tono de hartazgo, el productor lanzó una crítica directa al discurso del gobierno:
“Sigan votando por Morena, sigan creyendo que hay una transformación diferente. Puras mentiras. Dan la tarjeta para que la gente crea, los apoyos de 60 y más para tener a la gente ciega. ¿Por qué no nos quieren dar $2 pesos por kilo durante seis meses si regalan $6 mil cada dos meses? Eso sí es una miseria.”
Finalmente, el campesino dejó claro que no se moverán hasta ser escuchados:
“Piensan que nos van a doblegar, pero los campesinos no nos vamos a doblegar. Aquí vamos a estar hasta el tiempo que sea necesario.”
El mensaje se ha convertido en reflejo del hartazgo del sector rural, que exige políticas públicas más justas, precios de garantía reales y respeto al trabajo del campo mexicano.
•El hallazgo exhibe el deterioro de la seguridad y el crecimiento del crimen organizado en Puebla
La violencia volvió a sacudir al sur del estado con el hallazgo de un cuerpo embolsado en un paraje de Tulcingo, presuntamente perteneciente a Patricia Rubín, alias “Paty Rubín”, señalada por las autoridades como la cabeza del grupo de carteristas conocido como “Las Rubín”, que operaba en el sistema de transporte público RUTA.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado envuelto en plástico negro, con señales de tortura. A un costado, un mensaje escrito a mano advertía: “Esto les va a pasar a las que no pagan cuota”, una frase que apunta a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos que disputan el control de las calles y del transporte público.
Fuentes policiales indican que “Paty Rubín” era una figura conocida en el mundo del hurto urbano. Su grupo, integrado principalmente por mujeres, se había especializado en el robo de pertenencias dentro de unidades del RUTA, aprovechando la falta de vigilancia y la escasa respuesta de las autoridades. Aunque varias veces fue detenida, Patricia Rubín siempre recuperó la libertad en poco tiempo, amparada por la ausencia de denuncias formales y un sistema de justicia que parece hecho para olvidar a las víctimas.
El mensaje encontrado junto a su cuerpo revela un cambio de tono en la violencia urbana: los delitos menores de antes hoy se mezclan con estructuras criminales que operan con lógica de cárteles, exigiendo cuotas, controlando territorios y cobrando “protección” incluso a quienes viven del robo cotidiano.
Este crimen no solo evidencia la brutalidad de los ajustes de cuentas, sino también el colapso del control estatal sobre las zonas populares donde el transporte público se ha convertido en terreno fértil para el delito. Mientras las autoridades prometen investigaciones, la realidad es que el RUTA concebido como un sistema moderno de movilidad, se ha transformado en un espacio dominado por la extorsión, el miedo y la impunidad.
Por ahora, los restos permanecen en el Servicio Médico Forense para la confirmación oficial de identidad, pero en las calles de Puebla el mensaje ya está claro: los grupos criminales siguen marcando territorio, incluso sobre los cuerpos de quienes un día parecieron intocables.
Ciudadanos y organizaciones ambientalistas encendieron las alarmas ante el nuevo proyecto del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el Parque de la Juventud, al advertir que la construcción de una alberca olímpica podría provocar un grave ecocidio y la pérdida de especies arbóreas protegidas.
De acuerdo con los denunciantes, el proyecto afectaría 128 árboles de siete especies distintas, entre ellas 72 fresnos, 39 jacarandas, 10 robles australianos, 4 pirules, una acacia, un eucalipto rojo y un colorín. Este último el Erythrina americana, se encuentra catalogado como especie amenazada por la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su posible tala implicaría una violación directa a las normas de conservación ambiental.
Lo que más preocupa a ambientalistas es que el Parque de la Juventud forma parte del Parque Nacional Xicoténcatl, una de las dos únicas Áreas Naturales Protegidas del estado, donde cualquier modificación o intervención requiere estudios de impacto ambiental y autorización federal.
“Se está destruyendo una zona verde emblemática para los tlaxcaltecas, mientras ya existe una alberca olímpica en el Centro Acuático Tlaxcala. Es un acto de mala planeación y desprecio por el medio ambiente”, expresaron activistas consultados por este medio.
La denuncia fue acompañada de fotografías y testimonios ciudadanos que muestran maquinaria pesada ingresando a la zona del parque, pese a la falta de información pública sobre el proyecto o su dictamen ambiental correspondiente.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido postura oficial, lo que ha incrementado la preocupación entre grupos ecologistas y vecinos que piden detener cualquier obra hasta que se garantice la protección total del ecosistema urbano.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la falta de políticas ambientales firmes en Tlaxcala y la aparente contradicción entre el discurso verde y las decisiones de infraestructura que amenazan el equilibrio ecológico de la capital.
La aparente unidad entre Morena y sus aliados volvió a resquebrajarse este fin de semana, luego de que el senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lanzara una serie de insultos y acusaciones contra Gerardo Fernández Noroña, a quien llamó “sucio pendenciero que hace unos años moría de hambre”.
El conflicto estalló después de que Noroña anunciara su intención de revisar los ingresos del legislador verde, lo que provocó una airada respuesta por parte de Melgar. “Dice que revisará mis ingresos cuando él mismo está en el lodazal de una riqueza inexplicable”, respondió el senador, visiblemente molesto.
Melgar acusó a Noroña de vivir con una “austeridad hipócrita” y de tener propiedades y lujos que no puede justificar. “Anda, Noroña, dinos cómo puedes financiar tus camionetas y tus viajes VIP. Deja de usar la tribuna para mentir y mejor actúa con transparencia”, arremetió.
El intercambio no solo evidenció la tensión personal entre ambos legisladores, sino también la fractura política dentro del bloque oficialista, conformado por #Morena, #PT y #PVEM, que en teoría mantienen una alianza legislativa.
Resulta contradictorio que Melgar, quien debe su posición al respaldo de esa misma coalición, ahora se distancie abiertamente con declaraciones que rozan el rompimiento político y moral del grupo parlamentario.
Mientras tanto, Fernández Noroña ha evitado responder directamente a los insultos, aunque en anteriores ocasiones ha acusado al Partido Verde de ser un aliado “de conveniencia” que antepone sus intereses económicos sobre la agenda social de la Cuarta Transformación.
Este nuevo episodio confirma que, lejos de consolidar un frente sólido rumbo a las elecciones de 2027, las pugnas internas y los egos políticos podrían convertirse en el mayor enemigo de la alianza oficialista, que enfrenta un creciente desgaste entre sus propios integrantes.
Un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales permitió el aseguramiento de 1.6 millones de litros de hidrocarburo robado sobre la carretera Silao–San Felipe, en el estado de Guanajuato, en lo que autoridades calificaron como la mayor incautación de huachicol en la historia de la entidad.
De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes localizaron varios contenedores y unidades utilizadas para el transporte ilegal del combustible.
El valor de lo decomisado supera los 30 millones de pesos, cifra que representa un duro golpe a las redes de robo y comercialización ilícita de hidrocarburos que operan en el llamado “triángulo del huachicol” en la región del Bajío.
Autoridades informaron que hay personas detenidas y se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para ubicar a los responsables directos del almacenamiento y distribución del combustible.
Con este operativo, Guanajuato rompe récord en decomisos de hidrocarburo, reafirmando su posición como uno de los estados donde más se combate este delito que afecta directamente a Pemex y a la economía nacional.
El cuerpo sin vida de una mujer joven fue localizado la madrugada de este viernes en la colonia El Carmen, a escasas cuadras del zócalo de la ciudad de Puebla.
De acuerdo con reportes policiales, el hallazgo ocurrió cuando vecinos de la zona se percataron de la presencia de un carrito de supermercado abandonado sobre la vía pública, en cuyo interior se encontraba el cadáver de la víctima, que presentaba signos de violencia y estaba semidesnuda.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba el levantamiento del cuerpo e iniciaba las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar las circunstancias del crimen.
El hecho ha causado indignación y preocupación entre los habitantes del centro histórico, quienes demandan mayor seguridad ante el aumento de hechos violentos en la capital poblana.
De acuerdo con la más reciente medición de Arias Consultores, el alcalde de Tlaxcala Capital, Alfonso Sánchez García, ocupa el último lugar nacional en credibilidad entre los presidentes municipales evaluados.
Con apenas el 1.9 por ciento de confianza ciudadana, Sánchez García se ubica en la posición más baja del ranking nacional, siendo según el estudio, el gobernante al que menos le creen sus ciudadanos.
La encuesta, aplicada a 17 mil 101 personas vía internet en 102 municipios del país, se realizó del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2025, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±0.7%.
En los resultados, también destacan con bajos niveles de credibilidad: • Carlos Peña Ortiz, Reynosa, Tamaulipas (8.2%) • Ricardo Moreno, Toluca, Estado de México (7.2%) • Norma Alicia Bustamante, Mexicali, Baja California (5.2%) • Estrella Palacios, Mazatlán, Sinaloa (4.8%) • Juan Martínez Flores, Córdoba, Veracruz (4.3%) • Amado Jesús Cruz, Coatzacoalcos, Veracruz (3.3%)
El caso de Sánchez García ha llamado la atención localmente, pues a poco más de la mitad de su gestión, la percepción ciudadana hacia su administración muestra un marcado deterioro, principalmente en temas de transparencia, servicios públicos y comunicación con la ciudadanía.
Diversos analistas señalan que estos resultados reflejan un desgaste político que podría tener repercusiones en el escenario electoral del próximo año en Tlaxcala.
Guadalajara, Jalisco.– Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, lograron la detención de tres personas en la ciudad de Guadalajara, entre ellas Nazario “N”, señalado como presunto operador de un grupo delictivo.
De acuerdo con información oficial, el detenido estaría relacionado con actividades de extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego, diversas dosis de droga y vehículos presuntamente utilizados para la comisión de ilícitos.
Las instituciones federales destacaron que esta acción es resultado del trabajo coordinado entre instancias de seguridad, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales que operan en la región y fortalecer la paz y el orden público.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Rogelio Lara| El reciente músculo político mostrado por el exdiputado local Gregorio Cervantes Díaz, tras lograr la visita a Tlaxcala del senador Luis Donaldo Colosio Riojas y del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, habría generado incomodidad en las cúpulas del poder, según expresaron ciudadanos consultados, quienes aseguran que se ha iniciado una “cacería de brujas” en su contra.
De acuerdo con diversas fuentes, el evento encabezado por Cervantes generó un impacto político inesperado, mostrando a Movimiento Ciudadano como una alternativa real frente a Morena en la entidad. Este impulso, señalan, podría ser la razón detrás de los recientes intentos por afectar la imagen del político tlaxcalteca, tras su vinculación a proceso.
Ciudadanos consultados coincidieron en que la figura de Goyo Cervantes no está mal vista a nivel estatal, y que su trabajo dentro del partido naranja ha despertado simpatías entre sectores que demandan un cambio en la forma de hacer política.
Cabe destacar que los resultados del actual gobierno han generado descontento en parte del electorado, lo que ha debilitado al partido en el poder y abierto espacio a nuevas opciones políticas.
Hasta el momento, ni el exalcalde de Teolocholco, Gelacio Montiel, ni el extesorero Gregorio Cervantes han emitido declaraciones públicas, aunque se espera que en los próximos días informen sobre las acciones legales y políticas que emprenderán ante esta situación.
La medida busca frenar la desinformación, pero genera debate sobre la libertad de expresión.
El gobierno de China implementó un nuevo conjunto de normas que modifica la forma en que los creadores de contenido pueden expresarse en internet. A partir de ahora, solo aquellas personas que cuenten con un título académico, certificaciones o experiencia comprobable podrán hablar públicamente sobre temas considerados “profesionales”, como salud, derecho, educación o economía.
De acuerdo con las autoridades, las plataformas digitales deberán verificar las credenciales de los influencers o generadores de contenido antes de permitirles emitir opiniones o consejos en esos ámbitos. El objetivo, aseguran, es combatir la desinformación y promover contenido con respaldo técnico o científico.
La disposición forma parte de una política más amplia de control de contenidos en línea que el gobierno chino ha venido reforzando en los últimos años, especialmente ante el aumento de información falsa o engañosa en redes sociales.
No obstante, la medida ha generado debate entre usuarios y analistas internacionales, quienes advierten que podría limitar la libertad de expresión y consolidar un modelo de control informativo más estricto. Para algunos críticos, el riesgo radica en que el criterio de “especialización” quede en manos del Estado, lo que podría restringir el libre intercambio de ideas en la red.
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En un entorno global donde cualquiera puede proclamarse experto desde un teléfono móvil, China envía un mensaje contundente: 💬 “Si vas a enseñar, primero demuestra que sabes.” ¿Tu que opinas? Te leo…
