Redacción

Tlaxcala, Tlax.- Al iniciar el proceso de dictaminación de cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018, el Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron los estados financieros de 15 entes públicos.

En lo que fue el inicio del período extraordinario público de sesiones convocado por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, los Legisladores locales dieron lectura a los dictámenes emitidos por los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, en los que declararon revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas.

Los dictámenes aprobados por mayoría de votos establecen que de acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los montos observados a los 15 entes, se ubican dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos.

Las cuentas públicas avaladas fueron las del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala; del Patronato la Libertad, Centro Cultural de Apizaco; del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad; del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación; de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; y del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala.

Así como del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala; del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura; de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala; de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión; del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos; y del Fideicomiso de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos.

A pesar de que las cuentas públicas fueron aprobadas, el Pleno del Congreso local instruyó al OFS a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que el dictamen avalado no modifica, solventa, limita o implica nulidad de las observaciones, las que continuarán subsistentes conforme a los informes de resultados.

Asimismo, el OFS tendrá que informar al Congreso del Estado, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, y demás acciones promovidas al ente fiscalizable.

En este sentido, también se exhortó a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que no implican una afectación al patrimonio de los entes fiscalizados.

Gisela Rodríguez/

En rueda de prensa, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Cambrón Soria, cuestionó el proceso de licitación y compra de más de 100 patrullas con la empresa poblana Ford Rivera S.A. de C.V. por un monto de 93 millones 649 mil pesos.

Mencionó que “el proceso está plagado de opacidad y falta de transparencia, hasta donde sabemos, la licitación se declaró desierta y las patrullas no se adquirieron”.

Posteriormente la Oficialía Mayor de Gobierno, emitió una segunda solicitud, esta vez para adquirir camionetas Pick Up doble cabina, pero, sin los complementos básicos para las funciones de seguridad, “el precio comercial de estos vehículos es cerca de los 385 mil pesos cada uno y por 165 unidades el monto aproximado seria de 63 millones de pesos. Cifra que no se ajusta a los 120 millones de pesos destinados, por lo que hay un sobregiro de 59 millones”.

En la primera licitación GET-097/2018 se solicitaron 100 patrullas con aditamentos para seguridad pública, y en la segunda licitación GET-LP-086/2019 se solicitaron camionetas sin los elementos básicos de seguridad, como torretas y otros dispositivos.

Cabe mencionar que ambas licitaciones se hicieron a favor de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP) para funciones de vigilancia, por las que el Gobierno del Estado pagó, alrededor de 106.5 millones de pesos.

Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, redujo de 18 a 14 el número de aspirantes a un espacio en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala (SEAT).

En sesión de trabajo, los Diputados integrantes de la Comisión ordinaria, determinaron que de acuerdo a la convocatoria emitida, cuatro de los aspirantes que se inscribieron en el proceso de selección, no cumplieron con los requisitos estipulados.

El Diputado Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, Jesús Rolando Pérez Saavedra, señaló que de acuerdo a la convocatoria, los aspirantes tendrían que comprobar, entre otras cosas, experiencia en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, así como la presentación de documentos como título profesional.

Los catorce que avanzan a la siguiente etapa del proceso que será la aplicación de un examen escrito y una entrevista pública son: Maximino Acoltzi Nava, Enrique Huitrón Sánchez, Leobardo López Morales, Fernando Valdez Zainos, Arturo Joaquín Gallegos Téllez, Genaro Cortés García, José Paredes Tlachi, Lucero Romero Mora, María Aida González Sarmiento, Faviola Yazmín Rosete Temoltzi, Mario Rivera Castañeda, Fanny García Roldán, Claudia Cervantes Rosales Y Verónica Teloxa Atecpanecatl.

Con base a los resultados obtenidos por los candidatos, la Comisión tendrá que realizar un dictamen con el nombre de la o el aspirante que consideren más idóneo para el cargo, mismo que será sometido a consideración del Pleno del Congreso para su votación, y para su aprobación, tendrá que ser avalado mínimo por las dos terceras partes de sus integrantes.