Tras más de tres años de dilaciones, recursos legales y un proceso marcado por la presión social, el Poder Judicial de Puebla sentenció a Javier López Zavala a 60 años de prisión por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón.
La resolución es considerada histórica, al tratarse del primer caso en el estado en el que se acredita el delito de feminicidio en grado de autor intelectual, reconociendo que Zavala no solo tuvo responsabilidad moral o política, sino penal directa en el crimen.
Sin embargo, la sentencia también deja al descubierto una realidad incómoda: la justicia llegó tarde. Durante más de tres años, la familia de Cecilia y colectivos feministas denunciaron omisiones, lentitud institucional y un sistema que parecía más dispuesto a proteger a un exfuncionario que a garantizar justicia para una mujer asesinada.
Cecilia Monzón fue asesinada en mayo de 2022. Su caso se convirtió en símbolo de la violencia feminicida y de la lucha contra la impunidad en Puebla y en el país. La presión social fue clave para evitar que el expediente se diluyera entre tecnicismos y maniobras legales.
Aunque la condena representa un precedente importante, organizaciones feministas advierten que una sentencia no borra años de violencia institucional, ni devuelve la vida arrebatada. El reto sigue siendo evitar que estos casos dependan del escándalo público para avanzar.
Hoy hay una sentencia.
Pero la pregunta persiste:
¿cuántos feminicidios siguen esperando justicia sin reflectores?
