En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la Secretaría de Salud (SESA) de Tlaxcala, a través de la Coordinación Estatal de Salud Mental, realizó del 6 al 8 de septiembre la “Jornada Estatal de Prevención de Suicidio 2022”.

Con el objetivo de promover la importancia de la vida, así como prevenir y evitar los pensamientos y actos suicidas entre la población tlaxcalteca, durante los tres días se desarrollaron foros, ponencias y actividades en el auditorio Luis Carvajal Espino de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), para transmitir las estrategias y acciones de salud orientadas a incidir en la reducción de suicidios consumados a partir de acciones de prevención, atención, manejo adecuado de información y factores de riesgo.

A estas actividades asistieron estudiantes, jóvenes, trabajadores de la salud, autoridades de distintas instituciones del actual Gobierno de Tlaxcala, así como población en general, para presenciar las ponencias en Neurobiología del Suicidio, que impartió el especialista José Atalo Montiel; Duelo de Familias que Cursan con Suicidios, por el psicólogo Alan Aguilar Rivera; Estrategia de Atención a la Conducta Suicida, que brindó Rocío Silvestre Ramírez y que se desarrollaron el martes 06 de septiembre.

La ponencia relacionada con Protocolo de Actuación de las Brigadas de Apoyo Comunitario, la otorgó la psicóloga Perla Alvarado Ruiz; Intervención Psiquiátrica del Intento Suicida, la dictó el psicólogo José Luis García González; Acompañamiento a Familias con Miembros con Intento Suicida, por Jorge Acevedo Moyao y Violencia de Género como Factor de Riesgo Suicida, por Virginia Avendaño Flores, mismas que se realizaron el 07 de septiembre de 2022.

Mientras que la conferencia de Prevención del Suicidio en Niños, se brindó por la especialista Pamela Espinoza Álvarez; Retos en el Abordaje del Riesgo Suicida desde los Servicios de Salud Públicos, por la doctora Paulina Arenas Landgrave y las Heridas Invisibles: Prevención de Suicidio, la impartió el doctor Alejandro Di Grazia Rao, el 08 de septiembre de 2022.

El suicidio es un problema de salud que está presente en todo el mundo, en México y Tlaxcala, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el “acto deliberado de quitarse la vida”; es considerado como un problema grave de salud pública, además por su significativa incidencia y los efectos que tiene en la salud de las familias y los círculos sociales de las personas que causan su muerte por suicidio.

Actualmente, la SESA realiza acciones de prevención del suicidio apegadas a la política nacional en materia de prevención del comportamiento suicida y del suicidio con pleno respeto a los Derechos Humanos, sensible al ciclo de la vida, con perspectiva de género y de interculturalidad.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán; la directora del Centro de Justicia para Mujeres (CJM), Gabriela Hernández Montiel y el representante de la Secretaría de Infraestructura (SI), Rodrigo Seley Ávila, realizaron un recorrido de supervisión de lo que serán las nuevas instalaciones del CJM, con la finalidad de atender, combatir y prevenir la violencia contra las mujeres y garantizarles el acceso a la justicia en un espacio cálido y seguro.

La obra consta de cuatro etapas: en la primera se invirtieron 21 millones 135 mil 902 pesos; mientras que en la segunda se contó con recurso estatal y federal por el orden de los 18 millones 42 mil 366 pesos; la tercera con 3 millones 989 mil 934 pesos de la Federación y del estado; para la cuarta etapa, que está por licitarse, se contará con un recurso de 2 millones 500 mil pesos; dando la suma total de 45 millones 668 mil 202 pesos.

En su discurso, la mandataria estatal indicó que su gobierno trabaja para respaldar a las mujeres a fin de que estén libres de violencia y por ello se ofrecen estos espacios, dignos para que puedan recibir asesoría y acompañamiento, se fortalezcan sus habilidades y posteriormente puedan integrarse al ámbito laboral para comenzar una vida libre de agresiones.

“Mi objetivo es respaldar a las mujeres de Tlaxcala, el dar seguimiento a sus peticiones… este espacio será una oportunidad para que podamos otorgar servicios de trabajo social, psicología, apoyo lúdico, sobre todo con actividades pedagógicas para sus niñas y niños”, expuso.

En este sentido, la titular del CJM, Gabriela Hernández Montiel mencionó que el nuevo espacio será óptimo para brindar el respaldo a las mujeres y a sus hijos cuando lo necesiten, con servicios de asistencia jurídica, médica y psicológica, módulos de orientación, unidades de atención a delitos, agencia del Ministerio Público, área lúdica, de lectura y de juegos para los infantes, así como un albergue y un centro de empoderamiento social y económico para este sector de la población.

Las nuevas instalaciones del CJM permitirán que las mujeres víctimas de algún tipo de violencia y sus hijas e hijos reciban una atención integral y oportuna, con servicios especializados, a fin de brindarles las herramientas necesarias para tomar decisiones de manera informada y encaminadas a crear un entorno libre de violencia.

El titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Francisco Medina Padilla, reconoció el compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para fortalecer a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.

Al participar en la Tercera Mesa de Trabajo Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, Estado y Municipios, el funcionario federal destacó que Tlaxcala es una de las entidades que cuenta con servidores públicos de seguridad y procuración de justicia del ámbito estatal que se han sometido al control de confianza.

“Esto no ocurre en todos los estados de la República, puedo mencionar que el comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha sido evaluado y está aprobado, también el secretario de Gobierno, la procuradora General de Justicia del Estado y la Subprocuradora de Operaciones, todos ellos por ley deben contar con sus controles de confianza y hoy día pueden desempeñar el cargo que la gobernadora les ha conferido”, resaltó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que los policías de los 60 municipios del estado cuenten con el Certificado Único Policial (CUP), para comprobar que aprobaron los controles de confianza junto con la formación inicial, las competencias básicas y la evaluación del desempeño.

“Estos cuatro elementos posibilitan que los elementos de los cuerpos de seguridad cuenten con los conocimientos de expertís, preparación y acrediten el uso adecuado en protocolos y manejo de armas, así como situaciones de crisis”, expuso.

Medina Padilla detalló que de los mil 410 elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el 97.6 por ciento ha sido evaluado, de los cuales el 86.6 por ciento fueron aprobados y el 2.7 por ciento no aprobaron; en procuración de justicia el estado de fuerza es de 337 elementos y la plantilla activa evaluada corresponde al 77.2 por ciento; en prevención y reinserción social el 97.6 por ciento; y en seguridad pública municipal el 87.6 por ciento se sometió a este proceso.

Sin embargo, reveló que únicamente 30 municipios cuentan con el 100 por ciento de policías con CUP, por lo que la Sesnsp y las autoridades estatales acordaron apoyar a los municipios para dar seguimiento a la certificación de sus elementos, con el objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias para brindar seguridad a los habitantes.

Durante la Tercera Mesa de Trabajo: Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, Estado y Municipios, que encabezó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Poder Legislativo presentó el seguimiento a las observaciones de elementos de seguridad pública no certificados.

Ahí, la auditora superior del OFS, María Isabel Delfina Maldonado Textle indicó que los municipios que reincidan en no certificar a sus policías serán observados como Probable Daño Patrimonial y se promoverán las responsabilidades correspondientes.

Esto, al presentar el seguimiento que se dará a las observaciones de los recursos que aplicaron del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), por el motivo de la no certificación de policías, cuyo informe de resultados fue presentado el pasado mes de julio.

Señaló que tienen la facultad para fiscalizar los fondos y recursos que manejan los entes públicos, a fin de evaluar el cumplimiento y resultado de la gestión financiera ajustado a la legalidad, así como la contratación de personal, toda vez que deben abstenerse de contratar en las corporaciones policiales a gente que no cuentan con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

Maldonado Textle puntualizó que el OFS ha identificado desde hace tres años que la mayoría de los policías no estaban certificados, “en auditorías financieras de 2021 se realizaron y notificaron a los municipios observaciones de probable daño al patrimonio, por el pago de nóminas del Fortamun a policías que no contaban con la certificación de la evaluación”.

Detalló que en ese proceso resultaron observados mil 825 elementos de seguridad pública, con un equivalente a 71 millones 983 mil 097 pesos; sin embargo, en propuestas de solventación, presentaron avances de certificación y firmaron un convenio compromiso con la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) para que en julio, agosto y septiembre regularizaran al personal de sus municipios.

A pesar de ello, abundó que las cifras del número de policías que tienen registrados el Cesesp y el OFS representan un desfase de 303 elementos, los cuales se deben a que en 40 municipios pagaron a 268 policías que no fueron reportados al Cesesp, además de que 16 municipios pagaron a 35 personas que desempeñan otro puesto, y solo en Acuamanala, Hueyotlipan, Xiloxoxtla y Tzompantepec coincide la información presentada en ambas instituciones.

Asimismo, mencionó que el avance en la certificación de los elementos de seguridad pública es mínimo, pues de mil 832 elementos observados que no estaban certificados por el C3, pasó a mil 553.

Por lo que enérgicamente señaló que quienes no solventen sus observaciones serán acreedores a promociones de responsabilidades, al incurrir en abuso de funciones y causar perjuicio al servicio público, “los elementos de seguridad pública al no cumplir con el requisito legal de certificación, evaluación y control de confianza, están causando un perjuicio al servicio público por no estar acreditados y no realizar las funciones debidamente”.

La auditora acotó que las sanciones que se prevén de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la clasificación de faltas graves, contempla la suspensión de 30 a 90 días, destitución, sanción económica, inhabilitación de uno a 10 años y en caso de reincidencia de 10 a 20 años.

Finalmente, hizo el llamado a las y los presidentes municipales para que continúen con la certificación de sus oficiales, a fin de que eviten incurrir en una omisión importante y alguna sanción, ya que en próximos días iniciarán las auditorías del ejercicio 2022, “les pedimos que atiendan la solicitud que se les está haciendo, den respuesta oportuna”.

Con el objetivo de garantizar la atención, protección y restitución de los derechos de la niñez tlaxcalteca, así como el acceso a la justicia, el Sistema Estatal DIF, el Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), acordaron sumar esfuerzos para fortalecer los procedimientos jurisdiccionales en los que estén involucrados niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior fue producto de una mesa de trabajo convocada por la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, en la que participaron juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Ahí, refrendaron su compromiso para que en Tlaxcala prevalezca el Interés Superior de la Niñez reconocido en la Constitución.

Acompañada de la directora general del Sedif, Flor López Hinojosa, Mariana Espinosa de los Monteros resaltó el avance en atención para niñas, niños y adolescentes, que desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por medio de su Procuraduría de Protección, se ha brindado en este primer año de gestión con la creación de las 60 Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con las que se incrementó en 450 por ciento la atención de casos de posible vulneración de derechos de la niñez.

“Esta reunión corona una exitosa política pública que coordinó a los tres poderes del estado y estableció entre los tres órdenes de gobierno que la atención a las Niñas, Niños y Adolescentes es prioritaria como nunca antes para el estado de Tlaxcala”.

La mesa de trabajo también estuvo presidida por las titulares del Poder Judicial, Mary Cruz Cortés Ornelas; de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Carro Roldán y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, quienes coincidieron en que es fundamental la suma de esfuerzos para garantizar, desde sus diferentes ámbitos de acción, el interés superior de la niñez.

La presidenta del TSJE, Mary Cruz Cortés mencionó que el intercambio de ideas y conocimiento que se dio durante la mesa de trabajo fue de importancia para continuar con la labor a favor del respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los diferentes distritos judiciales.