De 28 estados que participan en el programa Mujeres Constructoras de la Paz (Mucpaz), Tlaxcala ocupa el primer lugar a nivel nacional, con 214 redes en los 60 municipios, al integrar a 8 mil 208 mujeres y aliados, con corte al 9 de febrero de 2023.

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), al formar parte del proyecto “Prevención de Violencia Familiar y Género”, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), tienen la obligación de instalar, capacitar y dar seguimiento a todas las redes que se realicen en el estado.

El trabajo de las redes es que las mujeres conozcan sus derechos, promuevan la igualdad de género, detección de los principales problemas de cada entorno, se propongan soluciones, se fomente la solidaridad y el trabajo comunitario, entre otras acciones.

Los municipios con más redes son: Huamantla, con 27; Tlaxcala, con 24; Ixtacuixtla, con 23; Tlaxco, con 13 y Apetatitlán, con nueve; 32 tienen de siete a dos, y 23 sólo uno.

Uno de los principales objetivos de las 214 redes en los 60 municipios, es integrar a mujeres y aliados, que son hombres a favor de erradicar la violencia contra las mujeres; además de recuperar espacios comunitarios que tenían una percepción baja de seguridad.

A la fecha se han recuperado 14 espacios comunitarios en 10 municipios con la participación de 15 redes Mucpaz en: Tlaxcala, Apetatitlán, Ixtacuixtla, Huamantla, Tlaxco, Benito Juárez, Amaxac de Guerrero, Santa Cruz Quilehtla, Cuapiaxtla y Atlangatepec.

Al recuperar estos espacios comunitarios se genera el sentido de pertenencia, así como un lugar de sana convivencia, tras ser limpiados, rehabilitados y mejorados, por las redes, aliados, municipios y el estado, a través del Centro Estatal de Prevención Social (CEPS), que provee playeras, y gorras que generan identidad del proyecto.

Los espacios comunitarios recuperados son: parques, canchas de fútbol, de básquetbol, frontón, áreas de juegos, centro recreativo, unidad deportiva, espacio educativo y un bulevar principal, de junio a noviembre de 2022.

Otras redes Mucpaz son las de mujeres policías, de protección civil, una en la Universidad Pedagógica Nacional de Apetatitlán, otra en la Secundaria Técnica 47 de Tetlatlahuca, además de la de mujeres con familiares con autismo, todas con la finalidad de prevenir la violencia familiar y de género, a través de estrategias enfocadas a crear entornos libres de violencia y promover una cultura de paz.

La meta de este programa es que haya una red Mucpaz en cada comunidad del estado, por lo que la Cesesp trabaja de manera ardua para lograr este objetivo.

El Protocolo de Actuación Policial para la Atención de Posibles Linchamientos en el Estado de Tlaxcala de ninguna manera autoriza a priori o como regla general, la utilización de la fuerza letal puesto que se ajusta a los alcances que prevé la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, afirmó el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob), Miguel Sánchez Ramírez.

En entrevista, el funcionario estatal negó rotundamente que este mecanismo apruebe causar daño a las personas, sino que por el contrario tiene como base el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentren en el centro del conflicto.

“Se prevé en el mismo instrumento que la utilización de la fuerza se realice gradualmente y de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, dentro de un marco de razonabilidad y siempre privilegiando la protección de la vida de las personas, tanto de los ciudadanos como de los propios elementos policíacos”, expuso.

Y añadió que la terminología “fuerza letal”, se utiliza como una acción excepcional que podrá ser utilizada por los elementos de seguridad pública, única y exclusivamente en casos de inminente riesgo para la ciudadanía, tal como lo prevé la fracción VII del artículo 6 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

“Permite el uso de armas menos letales o de fuego, con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la de los elementos policíacos, (…) reitero, no existe ninguna determinación de carácter doloso o regresivo, por el contrario, está centrada y toma su sustento en una ley vigente que privilegia la vida como el valor máximo de los seres humanos y solo prevé este tipo de acciones como un último recurso”, puntualizó.

Sánchez Ramírez también citó el artículo 12 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el cual señala que solo se justifica la utilización de la fuerza por parte de los policías cuando la resistencia o agresión es real, actual e inminente.

“Real, es decir, se materializa en hechos apreciables por los sentidos, no puede ser, ni debe de ser hipotética o imaginaria; actual, cuando se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad; y cuando es inminente, es decir, si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, esta se consumaría”, explicó.

Asimismo, hizo mención de los artículos 15 y 27 de la ley antes citada, el primero en su fracción segunda faculta a los agentes para portar armas letales y las clasifica como armas de fuego y explosivos permitidos, en términos de lo que prevé la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Mientras que el artículo 27 indica que “está prohibido el uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objetos lícitos”, lo cual, explicó el abogado de profesión, “no acontece cuando se trata de posibles linchamientos y para mayor ilustración o claridad el artículo 28 de la aludida ley señala que cuando las reuniones o manifestaciones se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles establecidos en la propia ley”.

Con todo ello, el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob) concluyó que la afirmación de que en el estado de Tlaxcala se permite la utilización de armas letales para dañar los derechos humanos de los particulares, “constituye una interpretación parcial, tendenciosa y sesgada”.

Enfatizó que, contrario a anteriores Protocolos, el mecanismo actual aparte de tener mayores alcances, por cuanto se refiere a la declaración de principios y a los procedimientos que deben de seguirse, también se ajusta a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio de Tlaxcala, para armonizarla con la ley federal en la materia, lo que deriva en la creación del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado.

Será un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio propio, tendrá jurisdicción sobre los bienes que pasen al fisco estatal encargado de administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, destruir y destinar los bienes, activos o empresas que le sean transferidos.

Es decir, aquellos asegurados y decomisados en los procedimientos penales, los recibidos en donación, en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del gobierno del estado y los sujetos a procedimientos establecidos en la legislación fiscal estatal o en otros ordenamientos jurídicos.

De igual forma, el instituto diseñará e implementará los sistemas digitales de información que le permitan gestionar estratégicamente los bienes, activos y empresas, los cuales podrán ser consultados por la autoridad judicial, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y las personas que acrediten un interés legítimo para ello.

Para el inicio de las operaciones del instituto deberá contar con un domicilio legal adecuado para el personal administrativo, especializado en la materia, así como el operativo, además de tener una bodega, estacionamiento y una zona de seguridad, para el resguardo de los bienes asegurados y decomisados.

La administración de la nueva dependencia estará a cargo de la Junta de Gobierno, integrada por el titular del Poder Ejecutivo, como presidente; la Secretaría de Finanzas, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Gobierno y el titular de la Secretaría de la Función Pública, así como quien ocupe la Dirección General del instituto.

Se podrán vender los bienes a través de licitación pública, subasta, remate, adjudicación directa y/o sorteo, mientras que la enajenación se podrá hacer con los mismos mecanismos, aunado a la asignación y/o donación.

Dicha ley fue una iniciativa enviada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, con la finalidad de armonizar con la ley federal y entrará en vigor 60 días después de la fecha en la que fue publicada en el Periódico Oficial, en su página https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Ex14022023.pdf, mientras que el instituto entrará en funciones 70 días después y en 80 días los reglamentos del decreto.