Una mujer en Mérida, Yucatán, enfrenta un proceso penal por presuntamente proporcionar declaraciones falsas ante una autoridad judicial para obtener una pensión alimenticia de 40 mil pesos mensuales a cargo de su expareja.
De acuerdo con la información del caso, la mujer argumentó durante el proceso de divorcio que, tras separarse, se dedicó exclusivamente a las labores del hogar y al cuidado de su hijo, situación por la que consiguió que un juez estableciera una pensión de 40 mil pesos al mes, equivalente a 480 mil pesos anuales.
Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía habrían detectado inconsistencias en su declaración. Entre ellas, que presuntamente no se dedicaba exclusivamente al hogar y que dejaba al menor bajo el cuidado de otras personas.
Asimismo, habría presentado testimonios que, según las indagatorias, no correspondían con los hechos, con el propósito de obtener una resolución favorable durante el juicio de divorcio.
El caso quedó asentado en la carpeta penal 339/2026 y la mujer fue notificada para enfrentar un proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones. De acreditarse su responsabilidad, podría enfrentar una pena de entre dos y seis años de prisión, conforme a la información difundida sobre el expediente.
El asunto vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que las autoridades judiciales verifiquen las pruebas y declaraciones presentadas en los procesos familiares, garantizando que las pensiones alimenticias respondan a las necesidades reales y al interés superior de los menores.
