El Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el argumento de fortalecer la seguridad en el tránsito y reducir accidentes. Sin embargo, la decisión ha generado críticas entre motociclistas, automovilistas y ciudadanos, quienes acusan que la reforma castiga al conductor y exonera al gobierno de su deber de mantener calles y carreteras en buen estado.
Con 37 votos a favor y 2 en contra, los diputados locales avalaron medidas como el uso obligatorio de cascos con número de serie, chalecos reflectantes y restricciones para el traslado de menores en motocicleta. También se endurecieron sanciones por circular sin placas visibles.
No obstante, las nuevas disposiciones omitieron abordar un problema cotidiano que causa accidentes, pérdidas materiales e incluso muertes: los baches, carreteras dañadas y vialidades sin mantenimiento.
Colectivos ciudadanos y motociclistas cuestionaron que el Congreso solo se enfoque en sancionar al conductor, cuando gran parte de los accidentes provienen de la falta de infraestructura y mantenimiento vial.
“Cada semana hay motociclistas o automovilistas accidentados por caer en baches o por caminos destrozados. Si el gobierno exige responsabilidad, también debe asumir la suya”, señaló un representante del grupo Motociclistas Unidos Puebla.
Actualmente, la ley no contempla que los gobiernos municipales o estatales asuman los costos por daños causados por mal estado de las vías públicas, pese a que la Constitución y leyes federales establecen su obligación de garantizar vialidades seguras.
Mientras el Congreso insiste en regular el uso de cascos, chalecos y placas, no existen mecanismos legales claros para que un ciudadano pueda exigir reparación de daños cuando un bache provoca la ponchadura de una llanta, un accidente o incluso una lesión.
“Es más fácil multar al ciudadano que sancionar a un funcionario por omisión”, expresó un automovilista afectado.
Diversos analistas advierten que esta reforma mantiene un enfoque punitivo y recaudatorio, sin resolver los factores estructurales que generan la inseguridad vial: calles destruidas, falta de señalización, alumbrado deficiente y ausencia de cultura preventiva.
Aunque el discurso oficial insiste en “reducir accidentes”, la realidad es que la movilidad segura no depende solo del conductor, sino del entorno. Y ese entorno es responsabilidad directa de las autoridades.
Hasta el momento, ningún diputado ha propuesto una adición que obligue al gobierno estatal o municipal a responder por los daños provocados por el mal estado de las carreteras, pese a que la ciudadanía lo ha exigido en reiteradas ocasiones.
La reforma entra en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, pero deja en el aire una pregunta que muchos poblanos repiten a diario:
“¿Cuándo será el gobierno quien pague por los daños que causan sus propios baches?”
